La Vanguardia, 5 de junio de 2022
La factura eléctrica
Los altos precios de la electricidad de los últimos meses tienen dos causas fundamentales. La primera es que los precios del mercado mayorista de electricidad se establecen a través de un sistema competitivo. Es decir, el precio vigente depende de los costes de la tecnología más costosa. Normalmente se trata de las centrales de ciclo combinado alimentadas con gas. Esto tiene una lógica económica aplastante: si la demanda disminuye es precisamente esta tecnología, la más cara, la que debe dejar de producir. Si, por el contrario, la demanda fuera más alta,entrarían en producción tecnologías incluso más costosas, que no son rentables a menos que el precio sea más alto.
La segunda razón es que la regulación actual vincula los precios minoristas regulados, que no son todos, a este precio mayorista. Por tanto, muchos consumidores sufren oscilaciones muy acentuadas en sus facturas y precios muy altos cuando las centrales de ciclo combinado tienen que funcionar con gas muy caro. La irracionalidad de esta regulación también es aplastante.
El gobierno español, junto al portugués, ha decidido contener la factura eléctrica limitando el precio del gas que se usa para producir electricidad. Como la península ibérica es casi una ínsula en términos eléctricos parece ser que la Comisión Europea dará su beneplácito a esta intervención de los mercados durante un año.
Mantener bajos los precios en la península supone que España subvenciona la compra del gas en el mercado internacional. La medida plantea diversos interrogantes. ¿Quién pagará ese subsidio? Según parece, el importe puede rondar los 6.000 millones de euros. ¡No es poca cosa! Por otro lado, por reducidos que sean los intercambios entre la península y el resto del continente, ¿qué sucederá con el arbitraje entre países? ¿El subsidio a la compra de gas en el mercado internacional beneficiará también a los consumidores franceses?
El intervencionismo en los mercados que estas medidas suponen se explica por la enorme presión política que comporta el efectode los altos precios energéticos en el coste de la vida. ¿Pero son éstas las mejores medidas desde la perspectiva del impacto social de la crisis y la eficiencia económica y energética?
Una política que dejara funcionar los mercados y canalizase ayudas únicamente a los sectores más débiles de nuestra sociedad sería no solo más eficiente sino también más barata y justa.
Sería más eficiente puesto que al ser los precios más altos, se reduciría el consumo, contribuyendo al necesario ahorro energético y a una menor emisión de gases invernadero.Además, enviaría la señal correcta a las empresas para que desarrollen mayor capacidad de generación eléctrica.
Sería además más barata y justa puesto que las ayudas se dirigirían, a través de bonos sociales, a los colectivos más desfavorecidos, en lugar de ser una política de subsidio generalizado que, se pague como se pague, es una pura redistribución entre distintos grupos de la sociedad.
Jordi Gual
Profesor de IESE